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Parecer que una resoluci de esas caracter no tiene sustento legal, porque toda persona tiene derecho a circular por cualquier departamento m all de que tenga antecedentes penales o no. No hay norma jur alguna que habilite a un juez a prohibir a una persona estar en un determinado lugar. En el caso de una persona que tiene iniciado un proceso en otro departamento, se debe comunicar al juez del caso, pero el juzgado de Maldonado no puede tomar resoluci Luis Borsari: «Hay una jueza con las polleras bien puestas».

Seg Chinkhota, el problema es que mucha gente se ha visto desplazada de sus tierras y sin dinero para establecerse en otros lugares. «La construcci de esta escuela se ver afectada si estos problemas no son resueltos, puesto que mi pueblo no ha recibido suficiente dinero para comprar tierras de labranza en otro sitio y continuar con sus vidas», ha a Por su parte, las autoridades de Lilongue han amenazado con arrestar a los aldeanos si contin boicoteando la construcci del centro escolar. «Si no podemos ponernos de acuerdo y si no pueden entender que esto es terreno gubernamental, entonces no tendr otra opci que decirle a la polic que los arreste por bloquear una obra p en desarrollo», ha advertido Charles Kalemba, comisario del distrito de Lilongue..

Figueredo modific su declaraci inicial y comprometi m al ex presidente de la AUF, Sebasti Buaz Lo acus de un delito y dio detalles que en primera instancia dijo no conocer, pero tambi habl de sus socios y del estudio Damiani, que le vendi las empresas. A estos los deja en claras faltas administrativas, pero no vinculados a un delito penal. Para eso se deber comprobar que ambos conoc el origen de los fondos, algo que en estos casos es dif.

La fiscal adjunto de Quilpu Ymay Ortiz, manifest que «se dieron por acreditados todos los hechos de la investigaci Incluso se dio por acreditado que la ex acusada hab obtenido una ventaja econ al haberse probado que la revista, objeto de este juicio, s se reparti durante su campa parlamentaria». Aclar que «qued acreditado que ella encarg la confecci de la revista, que fue realizada por su equipo dentro de la municipalidad, y que si bien era una revista de gesti municipal, posteriormente fue distribuida durante su campa «Por lo tanto prosigui Ortiz el delito de cohecho s est acreditado. Lo que el Tribunal se es que no hab pruebas suficientes, de acuerdo a lo planteado por dos magistrados, para acreditar su participaci Es decir, si bien ella conoc la revista, la encarg no hay pruebas suficientes para acreditar que ella acept y quiso que se financiara con los derechos municipales compensados».

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